miércoles, 20 de julio de 2016

¿JUECES ANTITERRORISTAS PARA INSTRUIR SOBRETASACIONES DE CAJA MADRID?

A la atención de la Comisión Europea.

ASUNTO: INCOMPATIBILIDAD DE LA ACCION PENAL ESPAÑOLA  CON EL DERECHO COMUNITARIO.

En la medida en que una ley penal más favorable, adoptada tras la comisión del delito, no sea compatible con las prescripciones del Derecho comunitario, los tribunales nacionales están obligados a hacer respetar el Derecho comunitario y a dejar inaplicada la ley penal más favorable.

En la medida en que una ley penal más favorable, adoptada tras la comisión del delito, no sea compatible con las prescripciones del Derecho comunitario, los tribunales nacionales están obligados a hacer respetar el Derecho comunitario y a dejar inaplicada la ley penal más favorable.

Conclusiones de la Abogada General, Sra. Kokott, en los asuntos acumulados C-387/02, C_391/02 y C-403/02

La publicación de un balance falso es equiparable a la no publicación del mismo. Por tanto, los Estados miembros también deben prever sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias en caso de falsedad en el balance. La no aplicación de una ley penal más favorable posterior que infrinja el Derecho comunitario es compatible con el principio de legalidad penal.

Desde la Asociación de Clientes Financieros, queremos recordar a la Comisión europea éstas conclusiones, para indicar que el actual fallo de la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, que archiva el caso de sobretasaciones de Caja Madrid, independientemente de que haya sido adecuadamente o no presentado por la acusación, o pueda adolecer de ciertas lagunas jurídicas, indica sin embargo toda vez que fue iniciada la instrucción por valor de un agujero de 147.000 millones de euros respecto a su afectación en el sector inmobiliario por parte de Caja Madrid, indica claramente que la Sala está archivando una causa penal de ésta trascendencia con argumentos de escasa relevancia.

Esa falta de respuesta y archivo de la instrucción, procede de que la marcada trayectoria de alguno de los jueces de la sala, en asuntos antiterroristas, dificulta la visión monetaria y los delitos económicos que sofisticadas estructuras como los Consejuos de Administración de una Caja de Ahorros como Caja Madrid puedan adoptar.

No es lo mismo ver los delitos monetarios de una organización terrorista o de un grupo de narcotraficantes, que observar la más que sofisticada y oculta red de transacciones que los Consejos de Administración en éste caso en Caja Madrid han podido realizar ya desde la década de los 80 y 90 del siglo XX donde obtenían pingÑues beneficios derivados de una trama legal en la época de un tejido empresarial en paraísos fiscales donde radicaban las principales fuentes de financiación y sede social de empresas filiales de Caja Madrid y donde sus directivos tenían una más que marcada experiencia tanto en temas fiscales, evasión de capitales, y ocultación de datos a la Hacienda Pública, no es por casualidad que fuera elegido un Inspector de Hacienda para Presidente de la Entidad.

Por todo ello considerando que una Sala con experiencia en lucha antiterrorista, no puede ser la más adecuada para tratar temas de éste calibre inmobiliario, consideramos que debe ser estudiado por la Comisión Europea, que se vigile éste auto reciente porque puede ir en línea con una política deliberada por el Gobierno de España tendente a tener con pocos recursos y con pocos especialistas a la Audiencia Nacional.

Pedimos que se obligue al Gobierno a que se coloquen más recursos económicos y refuerzos de jueces especializados en la materia que nos ocupa, o al menos tener péritos judiciales que permitan a los jueces dictaminar con verdadera pericia en éste tipo de asuntos.

Mientras tanto y ante la gravedad de los hechos denunciados, pedimos que esa Comisión investigue estos hechos que repercuten negativamente a la hora de devolver la confianza en el sector, y con ello en la debida competitividad (porque el agujero está ahí para 15 años en la Sareb), del mercado que claramente cae en dumping ante esta indefensión de las entidades de la competencia.



Zaragoza a 20 de julio de 2016


José Ignacio Martín (Presidente)
Asociación de Clientes Financieros (ACF)
acfinancieros@gmail.com
      Tfno: 646.19.99.55
      Zaragoza (ESPAÑA)

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