viernes, 2 de septiembre de 2016

PUEDEN LOS MILITANTES CONVOCAR EL CONGRESO DEL PSOE?

Art. 34 de los estatutos del PSOE:

1. Cuando circunstancias especiales aconsejen la convocatoria de un Congreso Federal extraordinario o cuando proceda para tratar sobre algún tema específico, no será preciso a tender los plazos establecidos en el artículo anterior.

2. El Congreso Federal extraordinario podrá ser convocado por el Comité Federal o la Comisión Ejecutiva y preceptivamente cuando lo pidan la mitad más uno de los militantes; el órgano convocante determinará la fecha y lugar de su reunión, así como los puntos del Orden del Día.

3. El Congreso Federal extraordinario sólo puede adoptar resoluciones sobre las materias previstas en el Orden del Día para el cual fue convocado.

Esta parte de los estatutos dice que es el órgano convocante, en este caso la militancia, el que determina la fecha y lugar de la reunión junto con el orden del día y el artículo dice que el congreso es convocado, no que se solicita la convocatoria y entiendo que ante cualquier contradicción con el reglamento, tienen preferencia los estatutos entonces, qué pasa si se presentan las firmas con una fecha y hora, un lugar, y un orden del día?.

Esta es la pregunta que realiza un militante y paso a contestar según mi opinión.

Antes quisiera indicar el contexto en el que nos encontramos, y que es de un múltiple enfrentamiento.

Por una parte ha habido un enfrentamiento, dentro de la ejecutiva federal entre sus miembros, que desembocó en la dimisión de 17 miembros.

Posteriormente el día 1 de octubre, llegamos a un enfrentamiento entre la “supuesta” mayoría del Comité Federal, y el Secretario General y los miembros afines al mismo. De ahí que acabe dimitiendo el Secretario General, cuando su propuesta de celebrar Primarias y Congreso Federal Extraordinario, es desestimada por aquella famosa votación a mano alzada, con el resultado de 132 en contra de la propuesta del Secretario General y 107 a favor.

Fruto de éste enfrentamiento, surge la solución artificial de nombrar una Gestora a todas luces ilegal, que ocupará en la práctica el puesto de la Ejecutiva Federal.

El tercer enfrentamiento, será aquel que reproduce los apoyos de la Gestora y los afines al Secretario General, el 60-40 % en la votación del Comité Federal del día 23 de octubre, cambia el voto a la investidura del Gobierno Popular, y aquí es donde se decide abstenerse y facilitar un Gobierno del PP.

Un cuarto enfrentamiento, ha sido el que se está produciendo entre la actual mayoría del Comite Federal que respalda a la Gestora, y un cada vez mayor número de militantes de base, que piden que se convoque un Congreso Federal inmediatamente, y se celebren Primarias para elegir al Secretario-a General.

En ese contexto de rebelión de las bases contra la actual Gestora, es en el que se plantea la pregunta, que dice nada más y nada menos que a la vista de que las actuales direcciones Federal, regionales y provinciales, en su mayoría en manos de la Gestora, no quieren convocar Congreso, sea la militancia la que tome la iniciativa y aplicando los estatutos autoconvoque el Congreso Federal Extraordinario.

La pregunta se responde por si misma, si hay una mayoría de militantes que piden la convocatoria de un Congreso el Congreso se tiene que celebrar.

Ahora bien queda todo lo que es la logística, que consiste en preparar el Congreso y en elegir los delegados y delegadas al Congreso, por lo tanto si se da el caso de que hay esa mayoría de militantes, sólo hay una solución.

La Gestora tiene que atender a dicho requerimiento, y de forma inmediata convocar dicho Congreso.

Ahora bien conociendo el terreno, al mismo tiempo los militantes deberán nombrar un grupo de apoderados, que los representen para ir a los tribunales, porque si la Gestora (con toda probabilidad será asi), trata de ralentizar el proceso, o no quiere convocar, no habrá más solución que llevar el asunto a los tribunales y exigir que el juez obligue por medio de un auto, a la convocatoria del mismo de tal forma que estaríamos ante UN CONGRESO CONVOCADO POR ORDEN JUDICIAL, de tal forma que la vía judicial que iniciamos en Zaragoza, y posteriormente trasladamos a los Juzgados de Madrid en las denuncias a la Gestora, se materializaría como la vía más rápida, para solucionar éste conflicto.


El enfrentamiento entre la dirección y sus militantes, a la vista de que la dirección, no tiene la menor intención de atender a los requerimientos de democratización y participación del partido, en definitiva de asumir la voluntad popular que emana de los votos de los ciudadanos y que han retirado ya mas de 6 millones de votos, en nuestro caso residiría en las bases, del convencimiento de que de forma negociada no se podría resolver, el conflicto algunos lo resolvimos apostando por la vía judicial.

POR UN GOBIERNO DE IZQUIERDAS EN ESPAÑA, (empezamos a recoger firmas).

Propuesta de la Asociación de Clientes Financieros (ACF).
Los Ciudadanos abajo firmantes, avalan la Propuesta de que se forme un Gobierno de Izquierdas en España. Consideramos que ha llegado la hora de que en España, haya por primera vez un Gobierno que realmente haga políticas de izquierdas, y no sólo Gobiernos Reformistas. Por todo ello instamos al PSOE y PODEMOS, así como Izquierda Unida (por ser los partidos mayoritarios de la izquierda) así como, a los partidos, sindicatos y movimientos de su esfera de influencia, a que abran un proceso, que permita llegar a la formación de un Gobierno de izquierdas y llevar adelante un Programa de Gobierno que se adecúe a las necesidades de la población y a lo que mayoritariamente exige la izquierda española.
Si deseas colaborar en la campaña, firmando o recogiendo firmas manda un email a:
Asociacion de Clientes Financieros
llama por teléfono o envia un wasap al 655471458
Y te mandaremos impresos para que puedas recoger las firmas, bien sea como ciudadano o como organización social.
José Ignacio Martín
Zaragoza a 2 de septiembre de 2016
https://www.facebook.com/AsociacionDeClientesFinancieros/?fref=ts

lunes, 25 de julio de 2016

Comisión Europea revisará sobretasaciones de Caja Madrid.

DG Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de
Capitales

Bruselas, 25/07/2016

Asociación de Clientes Financieros (ACF)
JOSÉ IGNACIO MARTÍN
-
ZaragozaSPAIN
acfinancieros@gmail.com

Muy Sr. mío:

Por la presente acusamos recibo de su carta de 20/07/2016 y le comunicamos que la denuncia que ha enviadoa la Comisión se ha registrado con el número CHAP(2016)02432 (referencia que deberá mencionarse en todacorrespondencia posterior). La atribución de este número de referencia oficial no implica necesariamente elinicio de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión.

Su denuncia será examinada por los servicios de la Comisión a la luz del Derecho de la Unión Europea aplicableen la materia. Se le informará directamente de los resultados de dicho examen y, en su caso, del desarrollo delprocedimiento de infracción. Entretanto, tiene la posibilidad de ponerse en contacto con DG EstabilidadFinanciera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, por correo electrónico en la siguientedirección FISMA-CHAP@ec.europa.eu.

Puede optar entre un tratamiento confidencial y un tratamiento no confidencial de su denuncia. El tratamientono confidencial significa que autoriza a los servicios de la Comisión a revelar tanto su identidad como lacomunicación que remitió a la Comisión en las posibles intervenciones ante las autoridades del Estadomiembro denunciado. En caso de que no indique su elección por medio del formulario de denuncia o por carta,
los servicios de la Comisión presumirán que ha optado por el tratamiento confidencial. Conviene, sin embargo,
tener presente que, en algunos casos, la revelación de su identidad por los servicios de la Comisión puede serindispensable para la tramitación de la denuncia.

No se le pedirá ninguna participación en las costas del procedimiento, ni en el supuesto de que la Comisióndecida incoar un procedimiento de infracción.

Por último, le señalamos el interés de utilizar las vías de recurso disponibles a nivel nacional que, por logeneral, le permiten invocar sus derechos de manera más directa y personalizada. Así, por ejemplo, en el casode daños y perjuicios, solamente los órganos jurisdiccionales nacionales podrán concederle la reparación delEstado miembro en cuestión. Además, dado que los recursos nacionales están limitados en el tiempo, corre elriesgo de perder sus derechos a nivel nacional si no los ejerce rápidamente.

Deseamos llamar su atención sobre el anexo adjunto, que contiene más información relativa al procedimientode infracción por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

Atentamente,

Erik Nooteboom
Jefe de Unidad

Anexo 1: Explicación sobre el procedimiento de infracción del Derecho de la Unión EuropeaAnexo 2: Declaración específica relativa a la confidencialidad de los datos

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Bélgica. Teléfono: (32-2)
299 11 11.


ANEXO 1

Explicación del procedimiento de infracción por incumplimiento del Derecho de la Unión
Europea


1.
Principios
Cada Estado miembro será responsable de la aplicación (transposición dentro de plazos, conformidad y
aplicación correcta) del Derecho de la Unión Europea en su ordenamiento jurídico interno. La Comisión
Europea velará por la aplicación correcta del Derecho de la Unión Europea. Por tanto, cuando un
Estado miembro no respete este Derecho, la Comisión dispone de poderes propios (el recurso por
incumplimiento) para intentar poner fin a esta infracción y, cuando proceda, recurrirá al Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. La Comisión realizará, bien sobre la base de una denuncia, bien a partir
de infracciones que ella misma detecte, las gestiones que considere justificadas.

Por incumplimiento se entenderá la violación por los Estados miembros de sus obligaciones derivadas
del Derecho de la Unión Europea. Este incumplimiento podrá consistir en una acción o una omisión.
Por Estado se entenderá el Estado miembro que infrinja el Derecho de la Unión Europea, cualquiera que
sea la autoridad –central, regional o local– responsable del incumplimiento.

2.
Admisibilidad de la denuncia
Cualquier persona podrá acusar a un Estado miembro mediante la presentación de una denuncia ante la
Comisión, denunciando una medida (legislativa, reglamentaria o administrativa) o una práctica
imputables a un Estado miembro que considere contrarias a una disposición o a un principio de Derecho
de la Unión Europea. No deberá usted demostrar la existencia de un interés por su parte; tampoco
tendrá que probar que tiene un interés principal y directo en la infracción que denuncia. Para que una
denuncia sea admisible, es necesario que denuncie una violación del Derecho de la Unión Europea por
un Estado miembro; no puede, por tanto, referirse a un litigio privado.

Es muy importante que el expediente de la denuncia sea completo y preciso, en particular por lo que se
refiere a los hechos de que se acusa al Estado miembro en cuestión, las gestiones que haya usted
realizado, ante cualquier instancia, y, en la medida de lo posible, las disposiciones de Derecho de la
Unión Europea que considere infringidas, así como la existencia de una eventual financiación europea.

3.
Fases del procedimiento de infracción
El tratamiento de un asunto en el marco del procedimiento de infracción puede seguir las siguientes
fases:

3.1
Fase de investigación
A raíz de su denuncia, puede resultar necesario buscar informaciones suplementarias para determinar
los hechos y los aspectos jurídicos relativos a su expediente. En caso de que la Comisión se ponga en
contacto con las autoridades del Estado miembro contra el que se dirige su denuncia, sólo revelará su
identidad si usted lo ha autorizado expresamente (véase el apartado 5). Si procede, se le invitará a
proporcionar otras informaciones.

Tras el examen de los hechos y a la luz de las normas y prioridades establecidas por la Comisión para la
incoación y la continuación de los procedimientos de infracción, los servicios de la Comisión apreciarán
si procede dar curso o no a la denuncia.

3.2
Incoación del procedimiento de infracción: contactos formales entre la Comisión y el
Estado miembro en cuestión
Si la Comisión considera que puede existir una violación del Derecho de la Unión Europea que
justifique la incoación de un procedimiento de infracción, enviará al Estado miembro en cuestión un
escrito llamado «de requerimiento», emplazándolo a presentar sus observaciones. El Estado miembro

2


deberá pronunciarse respecto a los elementos de hecho y de Derecho en que la Comisión funde su
decisión de incoar el procedimiento de infracción.

Sobre la base de la respuesta del Estado en cuestión, o a falta de respuesta, la Comisión podrá decidir
enviarle un «dictamen motivado», en el que exponga claramente y con carácter definitivo las razones
por las cuales considera que existe violación del Derecho de la Unión Europea y por el que ordene al
Estado miembro que se ajuste al Derecho de la Unión Europea en un plazo determinado (normalmente
dos meses).

El objetivo de estos contactos formales es determinar si existe realmente una infracción del Derecho de
la Unión Europea e intentar, cuando así sea, ponerle término en esta fase sin tener que recurrir al
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

A la luz de la respuesta, la Comisión podrá también decidir no proseguir el procedimiento de infracción,
por ejemplo, cuando el Estado miembro se comprometa de manera creíble a modificar su legislación o
la práctica de su administración. La mayoría de los casos pueden resolverse de esta manera.

3.3 Recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Si el Estado miembro acusado no cumple el dictamen motivado, la Comisión podrá decidir recurrir al
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por término medio, transcurre un plazo de dos años antes de
que el Tribunal se pronuncie sobre el recurso de la Comisión.

Las sentencias del Tribunal de Justicia son diferentes de las de los tribunales nacionales. Al final del
procedimiento, el Tribunal de Justicia dicta una sentencia que reconoce (o no) la infracción. El Tribunal
de Justicia no puede dictar la anulación de una disposición nacional no conforme al Derecho de la
Unión Europea, ni forzar a una Administración nacional a responder a la solicitud de un particular, ni
condenar al Estado miembro a pagar daños y perjuicios a un particular lesionado por una violación del
Derecho de la Unión Europea.

Corresponde al Estado miembro condenado por el Tribunal de Justicia adoptar las medidas necesarias
para cumplir la sentencia, con el fin de resolver el litigio que originó el procedimiento. Si el Estado
miembro no cumple, la Comisión puede recurrir de nuevo al Tribunal de Justicia y pedirle que imponga
al Estado miembro una multa hasta que éste ponga fin a la infracción.

4. Vías de recurso nacionales
Se recuerda que son los órganos administrativos o jurisdiccionales nacionales los responsables en
primera instancia de garantizar el respeto del Derecho de la Unión Europea por las autoridades de los
Estados miembros.

Por ello, se invita a toda persona que considere que una medida (legislativa, reglamentaria o
administrativa) o práctica administrativa es contraria al Derecho de la Unión Europea a que recurra a
los órganos administrativos o jurisdiccionales nacionales (incluidos el Defensor del Pueblo nacional o
regional) o a los procedimientos de arbitraje y conciliación disponibles. La Comisión le aconseja que
utilice estas vías de recurso nacionales existentes en el Derecho nacional, dadas las ventajas que ello
puede implicar para usted.

Al utilizar las vías de recurso disponibles en el plano nacional, debería poder invocar, en general, sus
derechos de manera más directa y personalizada que a través de un procedimiento de infracción
tramitado con éxito por la Comisión, que a veces podrá llevar un cierto tiempo antes de llegar a
término. En efecto, sólo los jueces nacionales tienen el poder de dictar órdenes a la administración y de
anular una decisión nacional. Asimismo, únicamente los jueces nacionales son quienes pueden, en su
caso, condenar al Estado miembro en cuestión a reparar los daños causados a los particulares a causa de
la violación del Derecho de la Unión Europea que le sea imputable.


5.
Garantías administrativas
Se han previsto en su favor las garantías administrativas siguientes:

a)
Una vez registrada por la Comisión, se atribuye a la denuncia un número de referencia oficial,
indicado en el presente acuse de recibo, y que deberá mencionarse en toda la correspondencia. La
atribución de este número de referencia oficial no supone necesariamente el inicio de un
procedimiento de infracción contra el Estado miembro en cuestión.

b)
En la medida en que los servicios de la Comisión tengan que intervenir ante las autoridades del
Estado miembro contra el que se dirige la denuncia, lo harán respetando su elección en cuanto a
la confidencialidad de su identidad. Si usted no indica su elección, los servicios de la Comisión
supondrán que ha optado por un tratamiento confidencial.

c)
La Comisión tratará de adoptar una decisión sobre el fondo del asunto (inicio de un
procedimiento de infracción o archivo definitivo del expediente de denuncia) en el plazo de doce
meses a partir de la fecha de registro de la denuncia.

d)
El servicio responsable le informará previamente en caso de que prevea proponer a la Comisión
el archivo definitivo del expediente. Además, los servicios de la Comisión le mantendrán
informado del desarrollo del eventual procedimiento de infracción.

Le remitimos a los siguientes documentos de la Comisión, que explican el enfoque general de esta
institución en relación con la gestión de la correspondencia y la tramitación de denuncias:


Código de buena conducta administrativa para el personal de la Comisión Europea en sus relaciones
con el público, disponible en el sitio Internet de Eur-Lex (http://eur-lex.europa.eu), con la referencia
de publicación en el Diario Oficial: serie L, nº 267, de 20.10.2000, p. 63.

Comunicación de la Comisión sobre las relaciones con el denunciante en materia de infracciones del
Derecho de la Unión Europea, disponible en el sitio Internet de Eur-Lex (http://eur-lex.europa.eu),
con la referencia del número de documento: COM final, nº 141 del año 2002.

Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos, artículo 5,
disponible en el sitio Internet de Eur-Lex (http://eur-lex.europa.eu), con la referencia de publicación
en el Diario Oficial: serie L, nº 8, de 12.1.2001, págs. 1-22.

ANEXO 2

Declaración específica relativa a la confidencialidad de los datos

Tratamiento de las denuncias - Complaints Handling - Accueil des Plaignants (CHAP)

1. Base de datos CHAP
La base de datos CHAP se creó para gestionar las solicitudes de investigación y las denuncias que
recibe la Comisión referentes a las infracciones del Derecho de la Unión Europea por parte de los
Estados miembros.

2. Controlador
El controlador del tratamiento es Karl Von Kempis, Jefe de la Unidad SG-C-3, «Correo y gestión de los
documentos» de la Secretaría General (SG) de la Comisión.

3. Objetivo
El objetivo de la recogida de información en la base de datos CHAP consiste en permitir que la
Comisión esté informada de las infracciones del Derecho de la Unión Europea y, por lo tanto,
desempeñe sus funciones de conformidad con el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea a fin de
asegurarse de que los Estados miembros aplican las disposiciones del Tratado y las medidas adoptadas
en virtud del mismo.

4. Datos recogidos
Entre los datos recogidos se incluyen el nombre y la dirección de la persona o de la persona jurídica, su
número de teléfono y de fax, así como su dirección de correo electrónico, su sector de actividad, su
lengua preferida y (en su caso) el nombre de su representante. No obstante, el texto completo de la
solicitud de investigación o la denuncia puede contener otros datos de carácter muy diverso
suministrados por el denunciante.

5. Datos obligatorios
Es preciso suministrar cierta información a la base de datos CHAP para que la Comisión pueda
examinar la solicitud de investigación o la denuncia (su nombre y dirección, el asunto de la
correspondencia, el Estado miembro de que se trate, los hechos que demuestran que el Estado miembro
no aplica el Derecho comunitario). En caso de no suministrar dicha información, la correspondencia
será considerada anónima y no admisible, o bien la Comisión no podrá comunicarse con el denunciante

o no podrá comprobar, en caso de denuncia, si ésta está justificada.
6. Protección y salvaguarda
La información personal recogida y toda la información relacionada con las actividades previamente
mencionadas se almacena en los servidores de la Comisión Europea en el Centro de Datos en
Luxemburgo, cuyas operaciones están cubiertas por las decisiones y las disposiciones de seguridad de la
Comisión establecidas por la Dirección de Seguridad para esta clase de servidores y de servicios.

7. ¿Quién tiene acceso a su información?
Ninguna persona ajena a la Comisión tiene acceso a la información recogida en la base de datos CHAP.
Dentro de la Comisión, sólo se concede acceso a la información personal, mediante una identificación
de usuario más una contraseña, a un grupo concreto de usuarios de la base de datos CHAP. Las
personas que tienen acceso a CHAP son aquéllas que se ocupan del correo o del tratamiento de las
infracciones en la SG y en otros servicios de la Comisión.


8. ¿Durante cuánto tiempo se conserva la información almacenada?
Cuando una persona envía una denuncia o una solicitud de investigación a la Comisión, la información
personal que proporciona se conserva en la base de datos CHAP durante tres años. Tras ese período, se
suprime la información que permite identificar a la persona. La información suministrada por una
persona jurídica que presenta una denuncia a la Comisión no se suprime.

9. Acceso, comprobación, corrección o supresión de sus datos
Vd. no tiene acceso directo a la información almacenada. Una persona que desee verificar la
información personal almacenada sobre ella por el controlador del tratamiento, o que desee comprobar,
corregir o suprimir dicha información personal, debe enviar un mensaje de correo electrónico a sgplaintes@
ec.europa.eu indicando todos los detalles que permitan dar curso a su petición.

10. Información de contacto
Si tiene cualquier pregunta o petición, póngase en contacto con el equipo de apoyo de CHAP, que actúa
bajo la responsabilidad del controlador, mediante correo electrónico dirigido a sgplaintes@
ec.europa.eu o por carta dirigida a la Secretaría General (SG-R-2), Comisión Europea, B 1049
Bruselas.

11. Recurso
Las denuncias sobre el tratamiento de la información en CHAP pueden dirigirse al Supervisor Europeo
de Protección de Datos, Rue Wiertz 60 (MO63), 1047 Bruselas, Bélgica.




miércoles, 20 de julio de 2016

¿JUECES ANTITERRORISTAS PARA INSTRUIR SOBRETASACIONES DE CAJA MADRID?

A la atención de la Comisión Europea.

ASUNTO: INCOMPATIBILIDAD DE LA ACCION PENAL ESPAÑOLA  CON EL DERECHO COMUNITARIO.

En la medida en que una ley penal más favorable, adoptada tras la comisión del delito, no sea compatible con las prescripciones del Derecho comunitario, los tribunales nacionales están obligados a hacer respetar el Derecho comunitario y a dejar inaplicada la ley penal más favorable.

En la medida en que una ley penal más favorable, adoptada tras la comisión del delito, no sea compatible con las prescripciones del Derecho comunitario, los tribunales nacionales están obligados a hacer respetar el Derecho comunitario y a dejar inaplicada la ley penal más favorable.

Conclusiones de la Abogada General, Sra. Kokott, en los asuntos acumulados C-387/02, C_391/02 y C-403/02

La publicación de un balance falso es equiparable a la no publicación del mismo. Por tanto, los Estados miembros también deben prever sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias en caso de falsedad en el balance. La no aplicación de una ley penal más favorable posterior que infrinja el Derecho comunitario es compatible con el principio de legalidad penal.

Desde la Asociación de Clientes Financieros, queremos recordar a la Comisión europea éstas conclusiones, para indicar que el actual fallo de la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, que archiva el caso de sobretasaciones de Caja Madrid, independientemente de que haya sido adecuadamente o no presentado por la acusación, o pueda adolecer de ciertas lagunas jurídicas, indica sin embargo toda vez que fue iniciada la instrucción por valor de un agujero de 147.000 millones de euros respecto a su afectación en el sector inmobiliario por parte de Caja Madrid, indica claramente que la Sala está archivando una causa penal de ésta trascendencia con argumentos de escasa relevancia.

Esa falta de respuesta y archivo de la instrucción, procede de que la marcada trayectoria de alguno de los jueces de la sala, en asuntos antiterroristas, dificulta la visión monetaria y los delitos económicos que sofisticadas estructuras como los Consejuos de Administración de una Caja de Ahorros como Caja Madrid puedan adoptar.

No es lo mismo ver los delitos monetarios de una organización terrorista o de un grupo de narcotraficantes, que observar la más que sofisticada y oculta red de transacciones que los Consejos de Administración en éste caso en Caja Madrid han podido realizar ya desde la década de los 80 y 90 del siglo XX donde obtenían pingÑues beneficios derivados de una trama legal en la época de un tejido empresarial en paraísos fiscales donde radicaban las principales fuentes de financiación y sede social de empresas filiales de Caja Madrid y donde sus directivos tenían una más que marcada experiencia tanto en temas fiscales, evasión de capitales, y ocultación de datos a la Hacienda Pública, no es por casualidad que fuera elegido un Inspector de Hacienda para Presidente de la Entidad.

Por todo ello considerando que una Sala con experiencia en lucha antiterrorista, no puede ser la más adecuada para tratar temas de éste calibre inmobiliario, consideramos que debe ser estudiado por la Comisión Europea, que se vigile éste auto reciente porque puede ir en línea con una política deliberada por el Gobierno de España tendente a tener con pocos recursos y con pocos especialistas a la Audiencia Nacional.

Pedimos que se obligue al Gobierno a que se coloquen más recursos económicos y refuerzos de jueces especializados en la materia que nos ocupa, o al menos tener péritos judiciales que permitan a los jueces dictaminar con verdadera pericia en éste tipo de asuntos.

Mientras tanto y ante la gravedad de los hechos denunciados, pedimos que esa Comisión investigue estos hechos que repercuten negativamente a la hora de devolver la confianza en el sector, y con ello en la debida competitividad (porque el agujero está ahí para 15 años en la Sareb), del mercado que claramente cae en dumping ante esta indefensión de las entidades de la competencia.



Zaragoza a 20 de julio de 2016


José Ignacio Martín (Presidente)
Asociación de Clientes Financieros (ACF)
acfinancieros@gmail.com
      Tfno: 646.19.99.55
      Zaragoza (ESPAÑA)

lunes, 18 de julio de 2016

CAJA MADRID MONARQUIA O REPUBLICA

LA QUIEBRA DE CAJA MADRID EN 2009, ARRASTRA LA CAIDA DE LA MONARQUIA.

BANKIA ANTE EL ESTADO DE DERECHO: O MONARQUIA ANTICORRUPCION O  III REPUBLICA.

Artículo de José Ignacio Martín. Coordinador de Izquierda Socialista de Aragón (PSOE).

Los hasta ahora 4 partidos mayoritarios con posibilidades de formar Gobierno o coaliciones de Gobierno, han evitado entrar a hablar de todo lo que rodea a la quiebra de Caja Madrid en 2009 y posteriormente de Bankia en 2012.

Mientras tanto la Entidad Fundadora de Caja Madrid la Casa Real, ha tratado también de evitar toda ésta quiebra, sin entender que la quiebra de Caja Madrid, supone por arrastre la quiebra de la Monarquía como Institución.

No puede haber un Estado Democrático, y por eso no hay Gobierno y la Monarquía está en trance de desaparecer, sin una solución justa al caso Bankia, hasta ahora el silencio de los partidos supone la demostración de que España es un Estado fallido.

El mensaje dado por el Estado y sus Instituciones incluidos los 4 partidos políticos más importantes, es que el caso Bankia es un asunto de los jueces. Pero están olvidando que tanto los clientes afectados por la quiebra de Caja Madrid en 2009, y posteriormente por los clientes estafados en 2011 por la salida a Bolsa de Bankia, han sido engañados de forma sucesiva y reiterada por los Representantes de la Casa Real porque era la Entidad Fundadora, de los empleados, de los Ayuntamientos, de las Comunidades Autónomas y de los propios Clientes, así como de las Asociaciones Sociales, incluidas las Asociaciones Empresariales. Además fueron engañados por el Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores, y posteriormente por la Auditora Deloitte y por el propio Frob que obliga a hacer accionistas forzosos, a clientes que durante años habían tenido su dinero como depósito a plazo fijo.

Cree alguien en su sano juicio, que un país puede mantenerse con un Gobierno y unos partidos que de lo único que se preocupan es de ver como llegar al Gobierno, en lugar de analizar y resolver la crisis institucional más grande de la Democracia Española creada por esta estafa en serie?.

En éstas condiciones, o la Monarquía se pone a la cabeza de un movimiento donde la Fiscalía Amticorrupción, deje de engañar a los españoles, y comience por hacer una instrucción adecuada de los delincuentes del caso Bankia y comience a perseguirlos con penas de cárcel y con embargo de los bienes, o de lo contrario, habrá que concluir que en España ha llegado el momento de pedir la formación de un Gobierno Provisional.

Gobierno que sin color político, su primera medida sea pedir la abolición de la Monarquía y la proclamación de la III República Española, y a partir de ahí restablecer el Estado de Derecho.

Esto supone una política de nombramientos de gente profesional y honrada, que permita resolver el primer problema de España restaurar la confianza en el Estado español.

Debe haber una instrucción ejemplar y depuración de responsabilidades inmediatas derivadas del caso Bankia, tendentes a abrir juicio oral, con gratuidad para las acusaciones de los clientes que no pueden ni deben ser los impulsores de la acción penal, sino que debe ser el Estado, en este caso un Estado Republicano, si la Monarquía no está dispuesta a hacerlo.

El Rey deberá decidir su futuro, o resuelve acometer la solución definitiva y rápida del caso Bankia o República.

Zaragoza a 18 de julio de 2016



lunes, 27 de julio de 2015

CLIENTES DE BANKIA DENUNCIAN EN EEUU ANTE LA SEC, A LA AUDITORA DELOITTE Y DIRECTIVOS DE CAJA MADRID, BANCAJA Y BANKIA



ASUNTO: CREATIVIDAD FINANCIERA EN BANKIA Y CAJA MADRID, BANCAJA,   INVESTIGACION A LA AUDITORA Deloitte Touche Tohmatsu Limited, y DIRECTIVOS DE LAS CAJAS DE AHORROS Y LOS BANCOS DE REFERENCIA.



Estimados Sres.:


La principal preocupación de la Asociación de Clientes Financieros (ACF) coincide a grandes rasgos con la SEC, en el punto que su organización promulga en su página web y que dice así:


“la SEC está preocupada principalmente con la promoción de la divulgación de información importante relacionada con el mercado, manteniendo el trato justo y la protección contra el fraude”.


En ese contexto presentamos nuestra PETICION DE INVESTIGACIÓN.


Fundamentalmente la reclamación se refiere a la investigación que nuestra Asociación lleva sobre el denominado Caso Bankia.


La auditora Deloitte ha sido la encargada de aprobar las cuentas anuales de Caja Madrid, así como de las Cajas de Ahorros que hicieron posible la fusión posterior que dió lugar al Banco que saldría a Bolsa con el nombre de Bankia.
Como es sabido, el agujero multimillonario visto en mayo de 2012, tras un informe demoledor del Fondo Monetario Internacional FMI, pidiendo una recapitalización urgente de dicho Banco que provocó la dimisión del Presidente Rodrigo Rato, ha provocado un sinfín de problemas a los Clientes a los que tenemos el honor de representar.


Así la Asociación de Clientes Financieros (ACF)


http://www.asociaciondeclientesfinancieros.blogspot.com.es/


asociación que presenta la siguiente reclamación pide a la SEC que inicie una investigación sobre la Auditora Deloitte en España y su actuación.


En primer lugar tenemos que decir que la petición de investigación a Deloitte NO significa repetimos NO significa que creamos que la auditora Deloitte mintió, falseó o trató de engañar a los clientes de la entidad, aunque no lo descartamos lógicamente.

Entendemos que debe ser una INVESTIGACION REAL Y OBJETIVA de los hechos, la que delimite si hubo o si no hubo dicha actuación delictiva.

El problema fundamental de las autoridades españolas, es que están contaminadas en este caso y dadas las implicaciones de todo el estamento, jerarquía y autoridades de todo tipo tanto públicas como privadas, tenemos el problema de que en España no hay interés en RESOLVER e impartir justicia toda vez que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y un sinfín de organizaciones públicas y privadas así como el propio Regulador Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores están implicados en los hechos que mencionamos, es por ello por lo que se pide AMPARO INTERNACIONAL, en pro de la estabilidad financiera, pues como hemos visto en el caso de Grecia un país no puede estar sustentado en una FALSEDAD CONTINUADA de sus cuentas como fue la falsedad de las cuentas de Grecia cuando su Gobierno mintió para favorecerse, mantenerse y entrar en la Unión Europea.

Un caso así de un país que miente reiteradamente en sus cuentas o en sus balances bancarios no es admisible en el siglo XX, menos en el siglo XXI.


Segundo. Creemos que nos encontramos ante una clara situación de CREATIVIDAD FINANCIERA llevada a cabo por los ejecutivos, miembros del Consejo de Administración y Directores Generales de Caja Madrid, Bancaja principalmente y del posterior Banco Financiero de Ahorros (BFA) matriz de Bankia y de los Bancos que nacieron con dicha fusión los que realmente llevaron a cabo toda la falsificación en las cuentas que provocó la inyección de capital por parte del Memorandum de Entendimiento (MoU) por valor de 19.000 millones más los 4.465 millones de las participaciones preferentes del Frob que se otorgaron el 3 de diciembre de 2010 en el llamado SIP o fusión fría que dio nacimiento al BFA Banco Financiero de Ahorros o Banco Malo.

En definitiva en estos momentos dado que las autoridades españolas no tienen interés real en descubrir las claves del caso Bankia, pedimos que al igual que se hizo con Enron, la SEC investigue y emita un DICTAMEN INTERNANCIONAL que declare si fue la Auditora Deloitte la que a su juicio falseó u ocultó las cuentas de Bankia y las Cajas de Ahorros que la formaban con anterioridad con una investigación de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, y 2012 tanto en Caja Madrid como Bancaja, así como posteriormente en el Banco Financiero de Ahorros BFA y Bankia, para a partir de dicho DICTAMEN, se emita la correspondiente sanción bien a la Auditora, bien a los ejecutivos o administradores de los Consejos de Administración de las Entidades Financieras mencionadas.


La Asociación de Clientes Financieros con clientes de Caja Madrid, de Bancaja y de Bankia, ha presentado:

1) Ante la Audiencia Nacional querella penal estando personados en el procedimiento 59/2012 dentro del llamado caso Bankia, por la salida a Bolsa, así como en el procedimiento 39/2013 por participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, y las correspondientes piezas separadas que engloban el caso Bankia que instruye el juez Andreu.

2) Así mismo hemos interpuesto ante la Audiencia Nacional un Recurso Contencioso Administrativo contra el FROB, por el canje obligatorio de las participaciones preferentes en acciones del año 2013.



        Zaragoza a 27 de julio 2015



Escrito dirigido por  José Ignacio Martín Presidente de la Asociación de Clientes Financieros 
asociacionacf@gmail.com      tfno. 976445916     Zaragoza (SPAIN)

A la atención de    U.S. Securities and Exchange Commission  SEC Complaint Center 
100 F Street, N.E  Washington, D.C. 20549-0213  (EEUU)

viernes, 1 de mayo de 2015

LA ASOCIACION DE CLIENTES FINANCIEROS ANTE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE BANKIA 2015.


BANKIA DEBE ADAPTARSE AL NUEVO MARCO INTERNACIONAL.

La situación de Bankia debe analizarse desde distintos puntos de vista aunque complementarios entre sí.

  1. El Renacimiento de la Unión Europea.

Estamos actualmente dada la fuerza que están tomando fuerzas emergentes en distintos pueblos europeos, ante una visión distinta, que reclama que el mercantilismo que ha creado la UE, de paso a una UE mucho más humanista. Son los Balcanes en estos momentos y el Sur de Europa los que están protagonizando este cambio de rumbo en las políticas económicas europeas.

La situación política es de cambio acelerado de estructuras dadas las nuevas mayorías sociales. Así sobre todo en España, la izquierda ha entrado en crisis, en general no ha jugado un papel activo en la defensa de los derechos de los trabajadores.

Caja Madrid, Bancaja y Bankia, son el vivo ejemplo de lo que decimos. Nosotros como clientes hemos tenido que acusar penalmente a la supuesta izquierda que estaba presente en los Consejos de Administración. ¿Por que? Por ser representativos de intereses personales y no de intereses colectivos. Así nos hemos encontrado con 2 izquierdas una la que acusa otra la acusada y que es una falsa izquierda.

La izquierda que calla es una falsa izquierda, porque está autorizando el delito, no sirven al país sirve a los intereses de un gremio.

En las próximas elecciones de mayo, esas 2 izquierdas se van a medir. La derrota de uno de ellos, está asegurada, los ciudadanos no perdonan la traición a las ideas. O se ponen del lado de los trabajadores, y se personan como acusación en la Audiencia Nacional, rectificando lo hecho hasta ahora, o perderán la batalla de la credibilidad.

No se puede ser Ministro de Economía, Gobernador del Banco de España, tener Consejeros en las cajas de ahorros, estar ahí a propuesta de un partido de la izquierda, y a continuación formar parte de un crimen financiero y dar la espalda a los ciudadanos que los han llevado hasta esos puestos.

Ha habido una rendición de la izquierda en los Consejos de Administración. La melé formada con los 2 anteriores Presidentes del Consejo de Administración de Caja Madrid. Bancaja y posteriormente el Grupo Bankia, ha sido letal para los trabajadores.

  1. La Deuda de la Entidad con los clientes. La Deuda que han creado en Bankia, es tan grande como las grandes fortunas que se han gastado en sueldos millonarios.

Hay que desmontar ésta situación, no se puede golpear a los trabajadores y jubilados de ésta forma.

Vds. deben negociar con los clientes y resolver la Deuda de la Entidad, con accionistas y preferentistas, la política que llevan en Bankia ofrece éxitos para los Fondos Buitre norteamericanos.

En Bankia hay un sector que se beneficia de Bankia, otro que asume las pérdidas y un tercero que sufre las consecuencias de malas prácticas bancarias. Que paga comisiones desorbitadas y situaciones de indefinición con los afectados por cláusulas abusivas etc.

Si hablamos de resultados económicos de Bankia, para las inmobiliarias y para los empresarios en estos momentos no va mal del todo. Pero si hablamos de los trabajadores, con Vd. Sr. Goirigolzarri, seguimos igual de mal que con el Sr,. Blesa y el Sr. Rato.

  1. La nacionalización y la privatización. El Frob debe saber que nación nos recuerda donde has nacido, la nación se llama España, los trabajadores pertenecemos a España. España no es de los empresarios, España es de todos, incluidos los trabajadores, y para ellos también hay que gobernar en la banca.

Trabajen por la Cooperativa de Crédito Internacional que les propusimos, por que de esa forma pueden trabajar por la PAZ.

ACF apoya la auditoría de los péritos del Banco de España, que demuestra todo tipo de delitos cometidos en la entidad por sus ejecutivos incluidos los actuales.

Bankia tiene un pasado el de Caja Madrid, como el que le relaciona con el armamento, y que nos repugna a los pacifistas. Bankia ha estado realizando dumping empresarial. Con lo que han hecho los 2 Presidentes anteriores, los presidentes de la quiebra, llevan a la destrucción del Gobierno. Los beneficios salen de malvender y de tener acuerdos del Estado a fondo perdido, luego se venderá y se dirá adiós a la Entidad, pero así no se hace país.

Demuestren que ésta entidad nacionalizada, trabaja por el Buen Gobierno de España, aporten entre el 1 y el 5 % de la fianza de Bankia, entre 8 y 40 millones de euros, para pagar YA a los clientes que se han personado en la Audiencia Nacional, y con esos 8 millones de euros como mínimo inicien una filial de Bankia donde se mantengan los clientes (de forma indirecta en Bankia), que acusan penalmente a la entidad, pero bajo el nombre de Cooperativa de Crédito Internacional “Por la Paz”, con sede en Zaragoza y una segunda sucursal en Sofía (Bulgaria), para cerrar por los Balcanes el nuevo modelo financiero que va a venir, y que necesitan los trabajadores, por medio de un Gobierno de la Cooperativa Ciudadano llevado a cabo por los propios Clientes.

Zaragoza a 21 de abril de 2015


email: asociacionacf@gmail.com Tfno 976445916   

sábado, 28 de marzo de 2015

ACF ASESORARA A LOS CLIENTES AFECTADOS DEL BANCO MADRID

ACF PONE EN MARCHA UN NUEVO SERVICIO. LOS CLIENTES AFECTADOS POR BANCO MADRID, QUE DESEEN RECUPERAR SU DINERO, CON UNA BUENA GARANTIA LEGAL, PUEDEN PONERSE EN CONTACTO CON LA ASOCIACION DE CLIENTES FINANCIEROS QUE CONOCE PERFECTAMENTE LO SUCEDIDO EN EL BANCO. PARA CONTACTAR PUEDEN ENVIARNOS UN CORREO O LLAMARNOS POR TELEFONO.

email: asociacionacf@gmail.com

tfno: 976445916




jueves, 19 de marzo de 2015

CASO BANKIA: LA ASOCIACION DE CLIENTES FINANCIEROS PIDE EL CESE DE GOIRIGOLZARRI A LA COMISION EUROPEA


Asociación de Clientes Financieros (ACF)


          Zaragoza (ESPAÑA)

 



ASUNTO: DENUNCIA CONTRA EL PRESIDENTE DE BANKIA SR. GOIRIGOLZARRI, POR CONFLICTOS DE INTERES CON BBVA, E INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE INCOMPATIBILIDADES ESPAÑOLA.

 

A la atención de la Comisión Europea.

 

La Asociación de Clientes Financieros, en síntesis viene a solicitar de dicha Comisión, la apertura de un Expediente Informativo, por diversas causas contra el Presidente de Bankia Sr. José Ignacio Goirigolzarri y como consecuencia de las pruebas aquí remitidas:

 
a) Se proceda a su DESTITUCIÓN en el cargo, así como

b) se proceda a la DEVOLUCION de los salarios percibidos durante su mandato desde mayo de 2012, por ser desde nuestro punto de vista INGRESOS COBRADOS DE FORMA ERRONEA cuando menos.

Recordamos la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

LA NUEVA REGULACION DE LAS INCOMPATIBILIDADES CONTENIDA EN ESTA LEY PARTE, COMO PRINCIPIO FUNDAMENTAL, DE LA DEDICACION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS A UN SOLO PUESTO DE TRABAJO, SIN MAS EXCEPCIONES QUE LAS QUE DEMANDE EL PROPIO SERVICIO PUBLICO, RESPETANDO EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES PRIVADAS QUE NO PUEDAN IMPEDIR O MENOSCABAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTODE SUS DEBERES O COMPROMETER SU IMPARCIALIDAD O INDEPENDENCIA.


POR OTRA PARTE, LA REGULACION DE ESTA LEY EXIGE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS UN ESFUERZO TESTIMONIAL DE EJEMPLARIDAD ANTE LOS CIUDADANOS, CONSTITUYENDO EN ESTE SENTIDO UN IMPORTANTE AVANCE HACIA LA SOLIDARIDAD, LA MORALIZACION DE LA VIDA PUBLICA Y LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACION.


A LOS SOLOS EFECTOS DE ESTA LEY SE CONSIDERARA ACTIVIDAD EN EL SECTOR PUBLICO LADESARROLLADA POR LOS MIEMBROS ELECTIVOS DE LAS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y DE LAS CORPORACIONES LOCALES, POR LOS ALTOS CARGOS Y RESTANTE PERSONAL DE LOS ORGANOS CONSTITUCIONALES Y DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, INCLUIDA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, Y DE LOS ENTES, ORGANISMOS Y EMPRESAS DE ELLAS DEPENDIENTES, ENTENDIENDOSE COMPRENDIDAS LAS ENTIDADES COLABORADORAS Y LAS CONCERTADAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA PRESTACION SANITARIA.

 
3. EN CUALQUIER CASO, EL DESEMPEÑO DE UN PUESTO DE TRABAJO POR EL PERSONAL INCLUIDO EN EL AMBITO DE APLICACION DE ESTA LEY SERA INCOMPATIBLE CON EL EJERCICIO DE CUALQUIER CARGO, PROFESION O ACTIVIDAD, PUBLICO O PRIVADO, QUE PUEDA IMPEDIR O MENOSCABAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES O COMPROMETERSU IMPARCIALIDAD O INDEPENDENCIA.


AMBITO DE APLICACION

ARTICULO SEGUNDO.

1. LA PRESENTE LEY SERA DE APLICACION A:

H) EL PERSONAL QUE PRESTE SERVICIOS EN EMPRESAS EN QUE LA PARTICIPACION DEL CAPITAL, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS SEA SUPERIORAL 50 POR 100.

I) EL PERSONAL AL SERVICIO DEL BANCO DE ESPAÑA Y DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS.

J) EL RESTANTE PERSONAL AL QUE RESULTE DE APLICACION EL REGIMEN ESTATUTARIO DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS.

2. EN EL AMBITO DELIMITADO EN EL APARTADO ANTERIOR SE ENTENDERA INCLUIDO TODO ELPERSONAL, CUALQUIERA QUE SEA LA NATURALEZA JURIDICA DE LA RELACION DE EMPLEO.


Como se recordará el Sr. Goirigolzarri se jubiló en el BBVA y con la ley de incompatilidades española en la mano, nos encontrariamos, con que no podría desempeñar el cargo de Presidente de Bankia, siendo además inaceptable el cobro de salarios por dicho ouesto en todos estos años.

Recordamos la noticia de su jubilación:

LA ENTIDAD RESERVA 52 MILLONES PARA PAGAR SU PENSIÓN

jubilándose anticipadadamente a los 55 años


El BBVA pagará 3 millones anuales a Goirigolzarri tras su marcha del banco

* Se jubila anticipadamente, con 52 millones para pensiones

Madrid.- Tras ocho años como segundo hombre fuerte del banco, José Ignacio Goirigolzarri abandona el cargo de consejero delegado con una pensión superior a 50 millones de euros.

 
Fuentes de la entidad explican que el BBVA tiene reservados 52,49 millones de euros para pagar la pensión de Goirigolzarri. Si bien, la cuantía que el directivo finalmente cobre puede ser mayor.

De este modo, el ya ex consejero delegado, quien abandona el banco jubilándose anticipadadamente a los 55 años, cobrará un sueldo medio superior a tres millones anuales. Esta cifra se ha calculado sobre sus dos últimos salarios. En 2008, el ex 'número dos' percibió 4,6 millones de euros, entre salario fijo y variable.

Relevo sorpresa

Este martes, la entidad que preside Francisco González ha relevado por sorpresa a su consejero delegado. En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banco ha anunciado que nombra al hasta ahora director de Recursos Humanos, Ángel Cano Fernández, su sustituto.

Goirigolzarri, que llevaba 30 años en el grupo, ocho como consejero delegado, ha decidido dejar sus responsabilidades ejecutivas, de mutuo acuerdo. "Ha llegado el momento de dar paso a un relevo generacional en la gestión del día a día del banco", señala el ya ex directivo.

En la nota, el BBVA afirma que ha decidido reorganizar su cúpula directiva para "avanzar con mayor celeridad hacia un modelo de crecimiento, aún más innovador, más eficiente y con mayor foco en el cliente".

Francisco González ha valorado positivamente el trabajo realizado por el consejero delegado saliente, al afirmar que bajo su liderazgo la entidad se "coloca en una situación privilegiada para aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo entorno competitivo global".

"La calidad operativa de BBVA nos permitirá implantar con éxito un modelo de crecimiento innovador y seguir mejorando nuestros niveles de rentabilidad, de referencia en el sector", dice el nuevo consejero delegado.

Cano comenzó su carrera profesional en la firma de auditoría Arthur Andersen. En el banco lleva más de 18 años. Hasta el momento, el directivo era el director de Recursos & Medios, por lo que, además de sus funciones en Recursos Humanos, también era responsable de infraestructuras y tecnologías. En paralelo, durante los cinco últimos años ha llevado el denominado proyecto 'Banca de Futuro', para transformar la gestión del banco hacia un modelo más apoyado en la tecnología y que incremente la satisfacción de los clientes.

El BBVA pagará 3 millones anuales a Goirigolzarri tras su marcha del banco | elmundo.es

Sin otro particular y a la espera de un a respuesta positiva a esta petición, le saluda cordialmente

José Ignacio Martín
Presidente de ACF

sábado, 14 de marzo de 2015

VUELVE EL ESPIRITU DEL BARRIO DE SAN PABLO LUCHA CONTRA LA POBREZA.


1996 Año Internacional de la Pobreza. Un grupo representativo de los ciudadanos del barrio, comenzó su andadura en pro de poner en valor y dar voz a los hombres y mujeres que cada día luchan contra la pobreza, pero que luchan contra la pobreza no por altruismo, ni por ideas ni siquiera por solidaridad o caridad, sino porque realmente son pobres, que luchan contra la pobreza por supervivencia humana.

Aquellas reuniones dieron rostro a los problemas, se convirtieron en conciencia para el futuro del barrio, de allí se fue preparando y diseñando la antesala del Plan Integral del Casco Histórico de Zaragoza. 30 años después retomamos los trabajos de aquellas reuniones tras la cruda realidad en la que hoy vivimos en el barrio. Inexorablemente el problema de la pobreza en el barrio debe volver a la realidad de la administración pública y privada de la ciudad.

En este momento necesitamos una progresiva movilización del barrio de forma consciente y seria, que conjuguen la experiencia y la juventud, tanto en sus apariciones públicas como en las intervenciones internas dentro de la Coordinadora de Lucha contra la Pobreza en el Barrio de San Pablo que vamos a constituir.

En estos años, hemos visto como espectadores como han competido 2 grupos influyentes en nuestro barrio, de una parte la parte política y de otra la parte financiera, también la parte empresarial pero la verdad es que ésta última con poca relevancia real en el barrio.

El asentamiento del poder financiero ha sido una realidad a todos los niveles sobre todo a nivel global y en ese sentido nos hemos resentido como barrio de residencia de población inmigrante, sobre todo a partir del crash inmobiliario y financiero que ha provocado que haya cifras de paro con cifras insostenibles sobre todo por la precariedad de medios y por la dureza y larga duración de dicho paro.

La falta de ingresos económicos deja al barrio al pie de los caballos, y en ese sentido promoveremos una Bolsa de Trabajo y otra Bolsa de Viviendas Sociales, tanto públicas como privadas. El motor económico que va a hacer girar todo el proyecto, va a ser la formación de una Cooperativa de Crédito de ámbito Local en el bario. Un nuevo concepto de banca, que será social, ciudadana y tendrá participación pública por medio del Ayuntamiento, y privada con papel de las Iglesias y de los Movimientos Sociales. La Dirección de dicha Cooperativa de Crédito que emitirá moneda propia en el barrio entre los socios, tendrá que tener y mantener equilibrio en su representación real de aquellos que se dedican a ésta lucha contra la pobreza en el barrio de forma histórica y que son la Iglesia Católica, los Movimientos Sociales, y aquellos que deseen incorporarse, como una invitación expresa a la Iglesia del mundo árabe, dado que tenemos una Mezquita.


En cuanto a las entidades financieras, Bankia debe jugar un papel principal, dado que como Banco nacionalizado y con una enorme deuda con los españoles, deberá aportar financiación, máxime al ser una de las acusaciones penales en la Audiencia Nacional (ACF) la impulsora de ésta iniciativa.


asociacionacf@gmail.com       
     Asociación de Clientes Financieros (ACF)

                       José Ignacio Martín 976445916

domingo, 25 de enero de 2015

"POR LA PAZ", PRESENTACION DE LA COOPERATIVA DE CREDITO INTERNACIONAL


Autor de la matriz en Zaragoza (España)  José Ignacio Martín Coordinador de Izquierda Socialista de Aragón (PSOE).
 
Autor de la filial en Sofía (Bulgaria), Ekaterina  Nikova economista.
 

1) CULTURA FINANCIERA QUE DEFENDEMOS.


Se trata de una Sociedad cuyo objeto social es servir a las necesidades financieras tanto de los socios, como de aquellos que deseen apoyar nuestra cooperativa, mediante el ejercicio de una amplia gama de actividades que queremos que sean propias y específicamente nuestras.


Con la denominación de FEDERACION BANCA SIN INTERES DE ACF ASOCIACION DE CLIENTES FINANCIEROS, se constituyó en agosto de 2012, una entidad al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, con capacidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro. La Federación forma parte del ideario y asume y comparte la actividad que realiza la Asociación de Clientes Financieros (ACF). Esta cultura básicamente reside en el hecho de elevar a los clientes de las entidades financieras, de sujeto pasivo a sujeto activo a nivel internacional, donde la democratización de la banca sea uno de los pilares básicos en los que resida la Nueva Cultura Financiera, que entendemos permitirá salir de la crisis a España en concreto y a otros países del ámbito internacional.


Su responsabilidad es limitada. La Cooperativa se constituye por tiempo indefinido.


2) OPERACIONES FINANCIERAS QUE QUEREMOS REALIZAR.

Los fines de la Cooperativa son:


Finalidad general, la promoción de una nueva cultura financiera, basada en la banca sin interés, que promueva la aparición de nuevas cooperativas de crédito ciudadanas, democráticas y participativas.


Finalidades específicas entre otras, la promoción y mejora de la calidad formativa tanto de ejecutivos, como trabajadores y técnicos en general del sector financiero, como de los propios clientes, tales como aprendizaje y adiestramiento en el manejo de cooperativas de crédito de carácter social, y mejora de rendimientos en las instituciones financieras, de forma que los beneficios y las prácticas bancarias sean de utilidad social.


Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:

Conferencias de difusión del mundo de la banca sin interés.

Campañas de concienciación sobre la necesidad de promover la investigación, y el desarrollo en técnicas de seguridad financiera en la adquisición de productos, y servicios financieros.


La Cooperativa establece su domicilio social en Zaragoza y su ámbito territorial en el que va a realizar principalmente sus actividades es todo el territorio del Estado español y la Unión Europea (UE)

Así mismo se realizarán toda clase de operaciones activas, pasivas y de servicios permitidas a las otras entidades de crédito Pueden realizar operaciones pasivas con cualquier tipo de usuario, mientras que las operaciones activas sólo se realizarán principalmente con sus socios ((no podrá alcanzar el 50% de los recursos las realizadas con terceros).


3) MARCO JURIDICO.


Ley 13/1989 De Cooperativas de Crédito

Real Decreto 84/1993, Reglamento de la Ley 13/89

Normas que, con carácter general regulan la actividad de las entidades de crédito

Legislación cooperativa con carácter supletorio.


4) PROMOTORES Y CONSTITUCION.


Con objeto de cumplir los requisitos de constitución se solicitará la autorización previa del Ministerio de Economía.


En anexo aparte se incorporan los nombres de los 200 miembros que solicitan ser los promotores de la Cooperativa y en consecuencia inician el procedimiento de constitución, como socios Fundadores de la Cooperativa.


Registros:


Se pedirá la inscripción provisional en el Banco de España. Registro Mercantil, Registro de Cooperativas, hasta su inscripción definitiva en el Banco de España.


5) ORGANOS DE GOBIERNO.


La Cooperativa será gestionada y representada por un Consejo Rector formado por: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un tesorero y varios vocales.


Todos los cargos que componen el Consejo Rector serán gratuitos, salvo aquellos que necesiten de una gestión profesional.


Éstos serán designados y revocados por la Asamblea General Extraordinaria y su mandato tendrá una duración de 1 año.


Estos podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito al Consejo Rector, por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas y por expiración del mandato.


Los miembros del Consejo Rector que hubieran agotado el plazo para el cual fueron elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la aceptación de los que les sustituyan.


ASAMBLEA GENERAL


La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Cooperativa y estará integrada por todos los asociados.


Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio; las extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio del Presidente, cuando la Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una décima parte de los socios.


6) SOCIOS.


Podrán pertenecer a la Cooperativa, aquellas personas que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Cooperativa.


Existirán las siguientes clases de socios:


a) Socios fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución.

b) Socios de número, que serán los que ingresen después de la constitución.

c) Socios de honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la dignificación y desarrollo de la Cooperativa acreedores a tal distinción. El nombramiento de los socios de honor corresponderá a (Consejo Rector o a la Asamblea General).

La cuota será de 1 euro al mes.


7) RECURSOS ECONOMICOS.

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la Asociación serán los siguientes:


a) Las cuotas de socios, periódicas o extraordinarias.

b) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por parte de los asociados o de terceras personas.

c) Cualquier otro recurso lícito.

d) Las propias de su actividad como entidad prestadora de servicios en el sector financiero.


El ejercicio económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año.

En Zaragoza a 2 de enero de 2015


Firmado:
















































































miércoles, 22 de octubre de 2014

PERSONACION DEL FROB COMO ACUSACION EN EL CASO BANKIA

Ekaterina Nikova economista

Estimado Sr. Presidente:

5 años desde la aparición del Frob, y más de 2 años desde la nacionalización de Bankia, la inyección de capital y la  la apertura del caso Bamkia en la Audiencia Nacional, hay que reconocer que ha sido abundante la actividad de éste Fondo en la crisis bancaria. Sin embargo no es motivo de aplauso nuestro escrito actual, sino observar aquellas cuestiones que nos parecen defectuosas para su observación y corrección, caso de que así sea estimado.

Hasta la fecha, a pesar de que la investigación está siendo lenta y procelosa, así como abundante, el Frob no ha visto indicios de delito por parte de los gestores de Bankia, y por tanto no se ha personado como acusación en la Audiencia Nacional.

Esta Asociación solicita formalmente la personación del Frob como acusación en el caso Bankia, porque no han contestado ni el Frob, ni el Banco de España a todas y cada una de las requisitorias legales que les emplazamos a desmentir del escrito, (del cual no cambiamos ni una coma) que se presentó en su día. Sigue plenamente vigente, y no lo hacen porque no pueden ni intelectual, ni moral, ni académica, ni basándose en el derecho, ni en la economía, sencillamente NO PUEDEN con ésta línea argumental, que a modo de batería legal de ACF, obliga a su personación so pena de entrar en el delito de cohecho por parte de ese Fondo de Reestructuración respecto a la entidad Bankia y la protección legal a sus ejecutivos, pues no hacen persecución del delito financiero.

2 años después del escrito siguen sin poder desmentir lo que nosotros afirmamos, poca argumentación tendrán cuando sus Abogados del Estado no lo hacen, ni en sede judicial, ni en sede parlamentaria, ni en sede social siquiera sea con una conferencia de debate con esta Asociación.

Con objeto de refrescarles la memoria, volvemos a entregarles el escrito que ésta Asociación presentó al Banco de España el 1 de junio de 2012, y que fue el origen para iniciar el procedimiento penal posteriormente en la Audiencia Nacional por parte de los clientes adscritos a ésta Asociación:



ASOCIACION DE CLIENTES FINANCIEROS DEMANDA A BANKIA

A LA ATENCION DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA, FISCALIA ANTICORRUPCION Y FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.


            La Asociación de Clientes Financieros (ACF) y en su nombre y representación su Presidente José Ignacio Martín, nº de D.N.I......... por el presente escrito comparece y como mejor en Derecho proceda DICE:

PRIMERO.- ACTUACIÓN DE LOS GESTORES DE BANKIA Y EXISTENCIA DE PRESUNTAS INFRACCIONES DE LA LEGISLACIÓN SOBRE DISCIPLINA DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO, QUE DEBE MOTIVAR LA APERTURA DE UN EXPEDIENTE SANCIONADOR Y LA ADOPCIÓN DE TODAS LAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA LEGISLACIÓN BANCARIA Y CREDITICIA.-

Como es público y notorio, la actuación presuntamente irregular, en los últimos años, por parte de los directivos de BANKIA y el BANCO FINANCIERO DE AHORRO (BFA) y anteriormente a la fusión y creación de Bankia, de Caja de Ahorros de Madrid, Bancaja y las demás cajas fusionadas, ha causado a todos los impositores de estas entidades, a los accionistas, a los trabajadores y a la sociedad española en general, un perjuicio económico y en otros ámbitos de proporciones gigantescas.

De acuerdo con todos los hechos que son bien conocidos en los últimos días (presentación de un balance y cuenta de resultados con unos beneficios iniciales de varias decenas de euros, y pérdidas reales en 2011 de más de 3.000 millones, y otros muchos hechos bien conocidos en los últimos días), consideramos que se han cometido, a nuestro juicio, por parte de las personas antes citadas (encabezadas por el Sr. RODRIGO RATO, anterior presidente de Bankia), al menos estas infracciones reguladas en la Ley 26/1988, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (LDIEC, en adelante):

1.- Infracciones de carácter muy grave, relativas a la vulneración del deber de veracidad y de poner en marcha los mecanismos de control interno en estos casos, que no nos consta que se hayan activado de modo eficiente, y ni siquiera de ninguno de los modos:

Establece el artículo 4 de la LDIEC:

“Artículo 4.- Constituyen infracciones muy graves:

j. El incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a sus socios, a los depositantes, prestamistas, y al público en general, así como el incumplimiento del deber de confidencialidad sobre los datos recibidos de la Central de Información de Riesgos, su uso para fines diferentes de los previstos en la Ley reguladora de la misma, o la solicitud de informes sobre personas titulares de riesgos fuera de los casos expresamente autorizados en dicha Ley. Todo ello siempre que, por el número de afectados o por la importancia de la información, tales incumplimientos puedan estimarse como especialmente relevantes”

n. Presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de los riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca.


2.- Se han cometido presuntamente las siguientes infracciones graves, relativas a los mismos extremos:

Artículo 5.- Constituyen infracciones graves:
n. El incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a sus socios, a los depositantes, prestamistas, y al público en general, así como el incumplimiento del deber de confidencialidad sobre los datos recibidos de la Central de Información de Riesgos, su uso para fines diferentes de los previstos en la Ley reguladora de la misma, o la solicitud de informes sobre personas titulares de riesgos fuera de los casos expresamente autorizados en dicha Ley, cuando no concurran las circunstancias a que se refiere el párrafo j del artículo anterior.

o. La realización de actos fraudulentos o la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas con la finalidad de conseguir un resultado contrario a las normas de ordenación y disciplina, siempre que tal conducta no este comprendida en la letra k del artículo anterior”.
Entendemos que la actitud de los directivos de BANKIA ha vulnerado de modo flagrante estos preceptos, y que éstos deben ser sancionados con la máxima severidad, pues entendemos que ha existido mala fe y reiteración en la presunta comisión de las infracciones, y que además de las consecuencias económicas sancionadoras, se les debería inhabilitar de modo permanente (al SR. RATO y demás gestores de Bankia responsables de todo ello) para ejercer el comercio y la actividad bancaria de modo permanente, y a embargárseles todos sus bienes y a indemnizar a todos los españoles y clientes de Bankia por todos los enormes perjuicios que se han causado.


SEGUNDO.- DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA Y OTRAS AUTORIDADES.-

En este contexto que acabamos de exponer, se ha presentado denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y ante otras instancias, con este contenido, que reproducimos aquí y solicitamos que se investigue sobre el contenido de estos hechos denunciados:

“La actualidad financiera, viene marcada por la situación de Bankia indiscutiblemente, la evolución de la Deuda Soberana española, atacada sistemáticamente por la presión alcista especulativa, y en lo que se refiere al Banco de España, por el impasse de los cambios directivos.

Ya desde hace tiempo desde ésta Asociación, (de ahí nace en 2011 nuestra primera demanda a Caja de Ahorros del Mediterráneo, pidiendo denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, e intervención directa del Banco de España), hemos puesto en cuestión lo que se ha venido en llamar el principio de Autorregulación en las Entidades Financieras.

Queremos trasladar en primer lugar antes de entrar en materia nuestro punto de vista sobre este aspecto:

AUTORREGULACIÓN EN EL SISTEMA FINANCIERO, (un sistema en entredicho).

Como se recordará, la brusca irrupción de la crisis financiera estadounidense, en el escenario internacional, provocó medidas de corte internacional, y de alcance mundial, al quedar en entredicho la base del sistema, “la confianza”, y credibilidad de las cuentas de las entidades privadas.

Los gestores de entidades internacionales que tenían problemas, utilizaron la ocultación, para no declarar su insolvencia, y solo se identificó cuando llegó la iliquidez de las entidades. Las “escasas pérdidas”, declaradas por los banqueros se multiplicaron exponencialmente, cuando intervinieron los inspectores.

Centrándonos en España, todos los movimientos autorregulatorios llevados a cabo por las entidades, muy defendido desde la AEB y la CECA al unísono, han buscado la pronta regeneración del crédito, y la capacidad de atraer inversiones fuertes, que aseguren un futuro sostenible. Estos dos objetivos no acabaron de materializarse en el corto plazo, como estamos viendo en la ya larga evolución de la crisis financiera de estos últimos 4 años.
Al final, en España estamos entrando en un proceso de saneamiento, las pérdidas inicialmente identificadas por los estudios de los interventores, se multiplican al hacer la radiografía completa y el final de algunas entidades, parece será ponerse en venta, según la línea del Gobierno actual.

Los procesos de saneamiento, a partir de la crisis financiera internacional, supuso “aceptar” las pérdidas, por parte de los países de nuestro entorno (salvo en España), siendo los Gobiernos los que han tenido que asumir dichas pérdidas, incurriendo así en una crisis fiscal, al repercutir a los contribuyentes dicha asunción de pérdidas, tanto de forma directa como indirecta, proceso que en España se ha venido haciendo a distintas velocidades, y que ha provocado la asunción de nuevas reformas financieras, ante las insuficiencias de las anteriores.

Las fusiones. Actualmente aparece una línea de actuación en las antiguas Cajas de Ahorros, que aboga por acometer nuevas fusiones, pero muy diferentes a las realizadas hasta ahora, y que incluya intervenciones del Banco de España en entidades “infracapitalizadas”, o en situaciones de insolvencia “no detectadas”, aunque el Gobierno parece (caso de nacionalización sucesiva de BFA y luego de Bankia) ha asumido el timón en sustitución del Banco de España.

El papel de los gestores. Hay instrumentos ya utilizados en otras ocasiones, para ocultar situaciones problemáticas. Por ejemplo, refinanciaciones de operaciones inviables, o la sobrevaloración de los bienes recibidos en pago de deuda de las acciones canjeadas por créditos, de tal forma que los peores créditos, los ruinosos no se contabilizan como morosos. Esto parece se quiere corregir con el estudio de situación encargado a dos auditoras extranjeras.

Los recursos propios –capital mas reservas menos insuficiencia de provisiones-, debe tener en cuenta ese infraprovisionamiento, a la hora de evaluar la solvencia real, de lo contrario nos encontraríamos en situaciones de ocultación contable de una descapitalización real. Así pues el papel ético de los gestores en este punto es fundamental. De ahí que la asunción de responsabilidades y cambios de gestores, son fundamentales.

La liquidez. La línea oficial mantenida tanto por las Entidades, como por el Estado, ha sido basarse en poner en marcha mecanismos de liquidez. Ahora el debate se está centrando en la puesta en funcionamiento, de mecanismos de capitalización, y cambios en el sistema de gestión de las entidades, para lo que debe existir voluntad política. Esta línea trataría de resolver los problemas de las Cajas, centrándose en ajustar su dimensión y eficiencia, y trata de demostrar que la solvencia está asegurada.

La subida extraordinaria del cuore capital exigido a las Cajas, en su día, podría interpretarse como una medida intencionada de identificar entidades infracapitalizadas. Esto no ha supuesto un inmediato cambio inmediato de consejeros y directivos, como hubiese sido lógico, salvo la dimisión en bloque ahora del Consejo de Administración en Bankia, y se ha visto clara la resistencia a abandonar el cargo, siendo llamativo en algunas entidades, siendo la más escandalosa la de CAM, a la cual hubo que demandar a su más alta dirección. Se precisa una investigación profunda de la situación real de las entidades, a las cuales después habría que inyectar capital, se compraría los activos malos, según el valor que poseen en los libros y complementariamente, se estudiaría un préstamo o aval. Pero ésta línea argumental, defendida en la última reforma financiera del gobierno, carece de valor, pues todos los operadores internacionales, piden que el valor no sea contabilizado por el valor en libros, sino por el valor de mercado, siendo las próximas auditorias de junio, las que van a aflorar ese valor real de mercado.

Sin embargo la reforma financiera última, además de dar 20 años para sacar a la venta, todo el stock inmobiliario a las entidades, pues solo obliga a hacerlo a razón de un 5 % anual, permite que opten voluntariamente las entidades por acogerse al valor de mercado que indiquen las auditorías, o bien lo hagan con arreglo al valor en libros, es decir con la tasación que se hizo en su día y que procede de 2007, 2008 (algunas incluso de años anteriores). Con lo cual esa falta de obligatoriedad, da un respiro artificial que probablemente no van a permitir los operadores de mercado, presionando a la prima de riesgo con valores alcistas como estamos comprobando. Manteniendo la tensión de la crisis financiera en España, de no aceptarse los valores de mercado, que suponen una devaluación de esos activos inmobiliarios, y la consiguiente entrada en pérdidas.

El crédito. El crédito no fluye todavía en el sistema financiero, porque las antiguas Cajas de Ahorros, necesitan inyecciones de capital fijo, de ahí que las entidades no hayan recurrido masivamente al FROB, puesto que esas ayudas hay que devolverlas en cinco años a precio caro. Hay analistas que abogan por recurrir al Fondo de Garantía de Depósitos, de esta forma lo sufragarían las entidades privadas, tendrían entonces que aumentar su aportación al Fondo, pudiendo recibir el propio Fondo de Garantías, préstamos del FROB, a través de emisiones de crédito.

En cualquier caso, valorar los activos e identificar la necesidad de provisiones específicas de las entidades, va a requerir de una supervisión, llevada a cabo, por comprobación directa e in-situ de la salud de las entidades, para devolver la confianza y credibilidad de las cuentas de las entidades, a la opinión pública en primer lugar y a los agentes económicos en general.  Darle a los inspectores del Banco de España in situ en las entidades, mayor poder, permitiría acometer los cambios desde la profesionalidad que les caracteriza, y que hay que reivindicar en los momentos actuales de escepticismo en la imagen del Banco de España, que hay que recuperar cuanto antes, como Banco Central de nuestro país.

2) LOS CLIENTES.

Nuestra Asociación, sabe perfectamente que el clima social de los clientes, es de alta preocupación, porque el cliente ha seguido siendo relegado al papel de meros espectadores.

Para resolver ésta situación, y ante el evidente descalabro financiero que surge a partir de una errónea gestión en la mayoría de los casos, venimos a sumarnos, a las voces que desde el ámbito social y ciudadano reclama una actuación decidida de los poderes públicos en defensa de los derechos de los clientes y en este sentido entendemos que se debe aplicar el Código Penal y depurar responsabilidades.

CODIGO PENAL, queremos recordar algunas cuestiones importantes.


Responsabilidad civil derivada del delito de administración fraudulenta.


I. EL DELITO SOCIETARIO

Los delitos societarios se contemplan en el Capitulo XIII del Código Penal 10/1995, como « Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico» intitulado « de los delitos societarios», y contemplados en los artículos 290 a 297.
Lo primero que habría que destacar es que las sociedades no pueden ejecutar delitos, ya que no puede imputárseles capacidad de culpabilidad y de imputabilidad, tal y como ha señalado la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de abril de 1975, sólo la persona física individual puede ser objeto de responsabilidad criminal de hechos delictivos (TS 4 octubre 1972)
Todas las personas físicas pueden ser administrador, directivo o gerente, en todo caso, lo que hay que hacer es examinar la actividad o las omisiones de cada uno, por lo tanto y en función de este análisis se le podrá imputar o no el hecho delictivo, eso sí no basta probar su condición de representante legal o voluntario, hay que acreditar que el imputado ha intervenido causalmente y de manera culpable, sin que sea admisible la presunción de culpabilidad (Tcons 62/1994).
Los delitos societarios aparecen centrados sustancialmente en la administración de loa sociedad, pues salvo lo señalado en los artículos 291 y 292 del Código Penal, todos los restantes aparecen cometidos por administradores de hecho o de derecho del ente social.
De la infracción de obligaciones de normas de la Ley de Sociedades Anónimas y de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada pueden derivarse para los administradores responsabilidades penales si el incumplimiento consiste en conductas tipificadas como delito.
Los intereses tutelados, salvo en empresas públicas revestidas de forma mercantil son privados, de la propia sociedad, socios, acreedores y terceros. Estos serán por tanto los bienes jurídicamente protegidos, además dada la importancia de las sociedades, se protege la economía de mercado.

Ámbito de aplicación objetiva
El Código penal de 1995, en su artículo 297 no ofrece una definición muy amplia de las entidades que están sometidas a esta disciplina, aunque el término sociedad se entiende con vocación omnicomprensiva. Se entiende por sociedad toda cooperativa, caja de ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines participa de modo permanente en el mercado.
Este precepto ha sido criticado por numerosos autores, por las redundancias que comete y sus deficiencias técnicas (señalar que las cajas de ahorro son entidades de crédito y las cooperativas son sociedades mercantiles).
Está claro que el legislador ha pretendido dar un concepto muy amplio de la sociedad y así extender su cobertura a cualquier tipo de entidad que opere en el mercado y sea susceptible, en consecuencia, de generar o de amparar conductas como las sancionadas.
Pese a todo, los principales objetivos de los delitos societarios son la Sociedades Anónimas de su normal funcionamiento y las actividades de los administradores.
Como ámbito de aplicación el Código Penal se refiere a sociedades constituidas o en formación, según opiniones doctrinales esto hace imposible extender la sanción a otros supuestos como pueden ser las sociedades irregulares o de hecho, ya que el principio de legalidad impediría esta conclusión.
Sin embargo para otra parte de la doctrina la alusión a la sociedad constituida o en formación trata de abarcar la totalidad de la vida social, por lo que se puede considerar sin problemas la sociedad irregular.
Sujeto activo de los delitos societarios
El sujeto activo para el Código Penal son los administradores de hecho o de derecho, o los socios de una sociedad constituida o en formación, parecen centrados por tanto los delitos societarios, en torno a los órganos de administración de la sociedad.
Con excepción de los tipos previstos en los artículos 291 y 292 los restantes preceptos prevén su autoría por los administradores, condición necesaria por tanto, para ser sujeto activo de tales delitos.
Tanto en el caso de que se haya actuado por instrucciones de la junta general de accionistas, no parece que los administradores puedan eximirse de su responsabilidad penal en base a la existencia de órdenes instrucciones recibidas.


II. EL DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL O FRAUDULENTA
La denominada administración fraudulenta se encuentra en el artículo 295 de Código Penal que señala:
«Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido».
La conducta típica en este delito consiste en el abuso de las funciones propias del cargo que se concreta en la disposición fraudulenta de los bienes de la sociedad y en contraer obligaciones a cargo de ésta.
La disposición señalada ha de entenderse como todo acto que produce la modificación o la extinción de un derecho o la relación jurídica afectando al activo patrimonial; se trata de negocios jurídicos de efectiva enajenación o constitución de gravámenes reales, incluidos los actos de renuncia. Esta administración se considerará fraudulenta cuando la administración no va orientada hacia el beneficio de la sociedad, sino que se produce en beneficio de los administradores o de terceros.
El elemento subjetivo de este delito consistirá en actuar en beneficio propio o de tercero, y que se ocasione un perjuicio directo que excluya a los negocios de riesgo que se sancionaran en vía civil.
El perjuicio causado debe ser económicamente evaluable, aunque el beneficio de los administradores o de los terceros no tiene por que, pudiendo ser de naturaleza material o pecuniaria, moral o profesional.
En cuanto a la culpabilidad, este delito tiene un carácter exclusivamente doloso, pues el Código Penal no sanciona las conductas imprudentes, por lo que las acciones de carácter culposo no podrán ser objeto de pan alguna, aunque se produzcan daños.
Debe existir una actitud consciente y deliberada por parte del administrador, excluyendo que pueda cumplirse el tipo en el supuesto de una simple falta de diligencia.
El elemento subjetivo del injusto en este delito del artículo 295 consiste en el ánimo de beneficio o perjuicio. Se exige que el sujeto pasivo sea consciente de lo que su comportamiento entraña, segura o probablemente, un perjuicio económico a los socios o miembros de la entidad y correlativamente, le comporta un beneficio a él o a un tercero.
Respecto a la responsabilidad, hay que tener en cuenta que en el ámbito penal, a diferencia del civil, la responsabilidad es personal, de modo que sólo puede sancionarse a quienes se pruebe que participaron en la realización del hecho delictivo, por tanto se responde por la conducta realizada de manera efectiva, y no hay responsabilidad solidaria, como en ámbito del derecho civil.

Administrador de hecho y de derecho
Como refleja el artículo 295, los sujetos imputados en este delito serán tanto los administradores de hecho como los de derecho.
Por administradores de derecho entendemos que es aquella persona que está dotada de las facultades que la ley atribuye al cargo, según la clase de sociedad, por haber sido nombrada por el órgano social competente, en virtud de acuerdo social formal y sustantivamente válido y debidamente documentado, que haya aceptado el nombramiento y este se halle vigente, habiéndose practicado, en su caso, la inscripción del mismo en el registro competente.
En los supuestos de designación como administrador de una sociedad a una persona jurídica, debe considerarse como administrador a efectos penales a la persona física designada para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Por administrador de hecho, se entiende, en sentido amplio, a quien ostenta facultades de dirección, gestión, administración, representación o cualquier otra, o que simplemente gobiernen o impulsen el comportamiento de la persona jurídica.
Hay dos grupos de administradores de hecho:
Los que no ocupan cargo alguno formalmente, pero de hecho controlan y gobiernan la sociedad, sustituyendo a los administradores o con una poderosa influencia sobre ellos. Un ejemplo de esta situación es el grupo de control.
– Los que ocupan formalmente el cargo, aunque no lo ostenta por que su nombramiento está afectado por algún vicio de fondo o defecto de forma. Un supuesto muy frecuente puede ser el de los administradores cuyo nombramiento ha caducado.
Como ha señalado Rodríguez Montañés se entiende por administrador de hecho, según el artículo 297 del Código Penal, todos aquellos que ostenten facultades autónomas de gestión y representación, que deban ejercer con diligencia y lealtad, esto es, en interés de la sociedad, pueden ser considerados aptos para ser sujetos activos del delito. Por todo ello no se podré considerar sujeto activo al letrado asesor, puesto que no es administrador ni ejercita funciones de administración.
Deben considerarse como administradores de hecho a los liquidadores, que ostentan las mismas facultades de gobierno gestión y representación de la sociedad que los administradores, comisarios, síndicos, interventores y los patrones de las fundaciones. Además según algunas sentencias (TS 20 septiembre de 1991 y 20 noviembre de 1993 se pueden considerar como administrador a un tercero no socio.
Sujeto pasivo
Nos encontramos ante un delito de resultado, en el que se realiza un perjuicio directo en patrimonio de los:
Socios.
Los depositarios, que incluye todos los depósitos incluso los obligatorios.
Los cuentapartícipes, que comprende las cuentas de participación en sentido estricto, los titulares de títulos participativos, los acreedores que han transformado su crédito preexistente en una cuenta de participación, los obligacionistas y en general, todos los propietarios de valores negociables emitidos con la finalidad de captar ahorro masivo.
Los titulares de los bienes, capital o valores, entendiendo por valores todos los que se mencionan como valores negociables, títulos valores o de créditos tradicionales, letra de cambio, cheque, pagaré, cualquier derecho patrimonial, con independencia de la denominación que se le dé.
Un hecho que choca, al analizar el sujeto pasivo es la exclusión de la sociedad como destinataria directa del perjuicio económico causado por el hecho delictivo. En este caso nos enfrentamos a un problema interpretativo, ya que en la habrá muchos casos en la que la perjudicada sea la sociedad, mientras que los socios los serán de un modo indirecto, como titulares de una parte de su patrimonio. Estamos ante un delito que no se puede dar la comisión por omisión sino que se debe realizar una acción determinada por parte del administrador.
En este caso en el que la sociedad resulta afectada, parece que podría aplicarse por analogía lo dispuesto acerca de la junta general de promover acción social de responsabilidad contra los administradores, de modo que podríamos incluir a la sociedad como sujeto pasivo de este delito de administración fraudulenta, aunque no se le mencione expresamente en dicho artículo.

Supuestos concretos
La concesión de créditos a sociedades que los administradores tienen una importante participación y que carecen de solvencia.
Trato de privilegio o preferente con los créditos vencidos y no pagados.
Gestión de la filial, sometida a las directrices de la sociedad dominante, de tal forma que el resultado final sea que ésta copa el mercado con perjuicio irreparable para la filial.
Percepción por los administradores de retribuciones o participaciones en beneficios no amparadas por los estatutos o por el órgano de administración
Utilización de fondos de la empresa para atender gastos personales
Adquisición por la sociedad de bienes a precios revalorizados para beneficiar al vendedor o el pago por supuestos servicios profesionales que no han sido prestados.
La persecución del delito de administración fraudulenta se debe iniciar tras la denuncia de uno de los sujetos pasivos, es decir de la persona agraviada, entendida como aquel que lo haya padecido directa o indirectamente, y en los que se producen como consecuencia de una conducta desleal o abusiva de los administradores, los titulares del bien jurídico afectado.
Si el perjudicado no tiene capacidad de obrar o la tiene limitada, deberán realizar la denuncia los representantes legales. Si la persona agraviada es menor de edad, incapaz, será el Ministerio Fiscal el encargado de perseguir este delito.
Una vez se ha producido la denuncia el Ministerio Fiscal debe intervenir como si se hubiera producido de oficio.


III. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL O FRAUDULENTA.

De los delitos nace una responsabilidad penal, que se traduce generalmente en la imposición al autor de ese delito de una pena o medida de seguridad, si ese delito da lugar a la comisión de daños y perjuicios, se le impondrá al autor lo que se conoce como responsabilidad civil derivada de delito, responsabilidad civil ex delicto.
El artículo 116 del Código Penal señala que «Toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios», a su vez el artículo 100 de la Ley de enjuiciamiento criminal dice que « De todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer también acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de daños y perjuicios».
Como se refleja en los dos artículos señalados para que exista responsabilidad civil no es suficiente la comisión de un delito o de una falta, se exigen una serie de requisitos como que se hayan producido daños o perjuicios, tanto para la víctima como para terceros, y que este daño o perjuicio sea valorable económicamente y por último debe existir una relación de causalidad entre la infracción penal y el perjuicio civil.
Por todo ello para fundamentar la responsabilidad civil derivada de un delito debe existir un daño atribuible a un responsable.
Respecto a la naturaleza civil de la responsabilidad civil derivada de delito la mayoría de la doctrina es unánime al considerarla como figura civil, como ha señalado Muñoz Conde, la responsabilidad civil incluye una serie de obligaciones que nada tienen que ver con la responsabilidad penal:
En la responsabilidad civil no rige el principio de personalidad propio de la pena. La responsabilidad civil se extingue como las obligaciones civiles y por tanto la obligación de compensar se transmite a los herederos del responsable
La responsabilidad civil derivada de delito no se establece de manera proporcional a la gravedad del delito, sino a partir de los efectos producidos por el mismo.
Mientras que la acción penal para perseguir el delito no se extingue por renuncia del ofendido, la acción civil es plenamente renunciable por quien tenga derecho a ejercerla.
En resumen, las consecuencias de esta naturaleza privatística de las sanciones civiles del delito es que éstas poseen cualidades precisamente opuestas a las de la pena: tienen carácter transmisible, no son personales, no tienen naturaleza aflictiva, son reparadoras no punitivas, y tienen contenido patrimonial. La pena se dirige esencialmente a la tutela de un interés público y social, mientras el resarcimiento mira a la tutela de un interés privado.
A pesar de que la mayoría de la doctrina está de acuerdo con la naturaleza civil, algunos civilistas como Izquierdo Tolsada o Xabier O´Calahan, no están de acuerdo con su inclusión en el Código Penal, a pesar de lo que señala el artículo 1092 del Código Civil: «las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del Código Penal».
En el caso que nos ocupa de responsabilidad civil de los administradores de sociedad derivada de ilícito penal, el caso de que el perjudicado o los perjudicados se hubieran reservado la acción civil, deberán aplicar los preceptos del Código Penal, si recayó sentencia condenatoria en el proceso penal. Otro supuesto diferente es si la víctima no entablará acción penal, en este supuesto la única vía a seguir sería la civil.

El contenido de la responsabilidad civil
El artículo 110 del Código Penal comprende la extensión de la responsabilidad civil: « La responsabilidad establecida en el artículo anterior comprende:
1.º La restitución
2.º La reparación del daño
3.º La indemnización de perjuicios materiales y morales»
Estas son las tres medidas que deberá aplicar el juez o tribunal con carácter preceptivo y de la forma establecida.
En primer lugar tenemos la restitución, que se decreta cuando se trata de cosas que puedan ser habidas o devueltas. El artículo 111 del Código Penal señala: «1. Deberá restituirse, siempre que sea posible, el mismo bien, con abono de los deterioros y menoscabos que el Juez o Tribunal determinen. La restitución tendrá lugar aunque el bien se halle en poder de tercero y éste lo haya adquirido legalmente y de buena fe, dejando a salvo su derecho de repetición contra quien corresponda y, en su caso, el de ser indemnizado por el responsable civil del delito o falta.
2. esta disposición no es aplicable cuando el tercero haya adquirido el bien en la forma y con los requisitos establecidos por las leyes para hacerlo irreivindicables».
La restitución consiste en la devolución al perjudicado de la misma cosa de que fue privado por el delito. Es la reintegración del estado de cosas existente antes de la infracción.
Si atendemos a las conductas que están comprendidas dentro del delito de administración fraudulenta del artículo 295 del Código Penal como,
La concesión de créditos a sociedades en las que el administrador tiene una importante participación, la restitución debería comprender el retorno de ese crédito ala sociedad.
En el caso de que se haya producido por el administrador retribuciones o participaciones en beneficios no amparadas por los estatutos o por los acuerdos de los socios, la restitución en este caso debería ser el reintegro de esas retribuciones o participaciones.
Si el caso sobre la utilización de fondos para atender a gastos personales, la restitución también se podrá llevar a cabo.
Al tratarse de un delito de resultado, cualquier perjuicio directo al patrimonio de socios terceros o sociedad podrá ser objeto de restitución, siempre que este sea posible y no sea sustituida por la indemnización, si la cosa a sufrido daños o desperfectos, la restitución deberá hacerse con el abono de los daños y menoscabos sufridos. En el caso del delito de administración fraudulenta, si este afecta a las participaciones y estas disminuyen de valor, como consecuencia de la acción del administrador, la restitución de la o las participaciones deberá hacerse con el abono de la perdida sufrida. Si por el contrario sufre mejora habrá que acudir a lo que indica el código Civil en los artículos 441 y S.S.
La restitución tendrá lugar aunque se halle en poder de tercero y este lo haya adquirido de buena fe. Evidentemente en esos casos el poseedor de buena fe se ve en la obligación de devolver la cosa aunque tendrá derecho de repetición contra quien corresponda y, en su caso, el ser indemnizado por el responsable civil del delito. Esta disposición no es aplicable cuando el tercero haya adquirido el bien en la forma y con los requisitos establecidos por la leyes para hacerlo irreivindicable. Por ejemplo las adquiridas en bolsa, feria, mercado o de comerciante legalmente establecido; la moneda dada en pago de compras al contado hechas en tiendas o establecimientos públicos, los prestamos con garantía de valores y los efectos al portador (arts.464 y 1955CC y arts. 85, 86, 324 y 545 C Com.).
Respecto al segundo de los criterios de responsabilidad civil, la reparación del daño del artículo 112 Código Penal: « La reparación del daño podrá consistir en obligaciones de dar, de hacer o de no hacer que el Juez o Tribunal establecerá atendiendo a la naturaleza de aquél y a las condiciones personales y patrimoniales del culpable, determinando si han de ser cumplidas por él mismo o pueden ser ejecutadas a su costa».
El perjuicio producido a los socios en el delito de administración fraudulenta Ha de ser económicamente evaluable. Sin embargo el beneficio perseguido, propio o de tercero, no ha de ser necesariamente de índole material o pecuniario, puede ser de carácter moral o material, por ello en estos casos siempre que la restitución no sea posible, es la única manera de restablecer el equilibrio patrimonial, valorándose la entidad del daño, atendiendo al precio de la cosa y el de afección del agraviado.
El artículo 9.2 de la LO 1/1982 de 5 mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen establece una serie de medidas entre las que se pueden incluir las medidas cautelares encaminadas al cese inmediato de intromisión ilegítima, como aquellas medidas encaminadas a cesar la actividad que produzca un perjuicio moral o profesional en el socio o tercero. Estas serían consideradas como obligaciones de no hacer.
Por último la tercera medida de responsabilidad civil aplicable a los administradores es la indemnización. El artículo 113 del Código Penal dice: « la indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no sólo los que hubieran causado al agraviado, sino también los que se hubieran irrogado a sus familiares o terceros».
La obligación de indemnizar para los administradores abarca tanto la disminución patrimonial (daño emergente) como el beneficio dejado de obtener (lucro cesante) imputables a la conducta infractora de los administradores.
Uno de los aspectos la indemnización es determinar la cuantía del daño. Ya se ha señalado anteriormente que el daño causado por el administrador en el delito de administración desleal o fraudulenta puede ser de carácter moral, como el descrédito que disminuye los negocios de la sociedad, o profesional, por eso habrá que determinar cuáles son aquellos daños materiales o morales fácilmente cuantificables o y cuales son aquellos que no se pueden valorar en dinero, como por ejemplo la perdida de prestigio profesional del socio o de la sociedad, pero que son susceptibles de compensación. La indemnización también puede afectar a terceros, que se vean afectados por la comisión de este delito, acreedores, sociedades que tengan como intermediaria a la del administrador fraudulento o desleal y por ello se vean arrastrados en su desprestigio profesional.
Las personas civilmente responsables
El artículo 116 del Código Penal dice: «Toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. Si son dos o más los responsables de un delito o falta, los Jueces o Tribunales señalarán la cuota de que deba responder cada uno»
Este precepto sólo es aplicable cuando la responsabilidad sea susceptible de una división en cuotas, por ello en el artículo 116.2.º del Código Penal dice que: « Los autores y los cómplices, cada uno dentro de su respectiva clase, serán responsables solidariamente entre sí por sus cuotas, y subsidiariamente por las correspondientes a los demás responsables». Aunque solidaria y subsidiaria no son preceptos que coordinan a primera vista, con el artículo 116.2 del Código Penal nos encontramos ante el principio de fragmentación de las obligaciones. En los fenómenos de coautoría se señala una cuota a cada uno de los administradores, en principio se determina la responsabilidad respecto a las cuotas de los demás, siempre que existan elementos que permitan diferencias en cuanto a participación de cada uno. Si se puede hacer una individualización la responsabilidad se atribuye de modo que habrá fragmentación en la obligación. En este último caso habrá subsidiariedad, y si no se puede llevar a cabo la individualización la responsabilidad será solidaria.
La responsabilidad de las Compañías aseguradoras
No hay ningún problema para que los administradores hayan suscrito el riesgo de la responsabilidad civil derivada de este delito de administración fraudulenta o desleal por una compañía aseguradora, así el artículo 117 del Código Penal señala:» Los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad, cuando, como consecuencia de un hecho previsto en este Código, se produzca el evento que determine que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda».
Así pues la responsabilidad directa, según este artículo, será de las compañías aseguradoras, en aquellos casos que así se haya dispuesto, pero para el caso del artículo 295 del Código Penal respecto al delito de administración fraudulenta, ya que debe darse con dolo, y atendiendo al artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro: «El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero. La acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado. El asegurador puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones personales que tenga contra éste. A los efectos del ejercicio de la acción directa, el asegurado estará obligado a manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro y su contenido.»

La responsabilidad del participe a título lucrativo
Respecto a la responsabilidad del participe a título lucrativo, que en caso del delito del artículo 295 del Código Penal, podría tratarse de aquellos a favor de los que se ha dado un trato de privilegio o preferente con los créditos vencidos y no pagados, o sobre la concesión de créditos a sociedades carentes de solvencia, el artículo 122 del Código Penal nos da la solución:» El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación».
Este artículo 122 del Código Penal señala la responsabilidad civil del que se beneficia de los efectos del delito, gratuitamente, actuando de buena fe y con desconocimiento de la comisión del acto ilícito, de modo que nadie debe enriquecerse del daño ajeno o indebidamente en virtud de negocios que derivan de causa ilícita. Para que nos encontremos ante este tipo de responsabilidad hay que señalar que el beneficiario se tiene que haber aprovechado por título lucrativo, es decir sin dar contraprestación alguna. Además el beneficiario debe ignorar la existencia de la comisión delictiva, y no ser responsable penalmente.
La responsabilidad respecto de los acuerdos sociales derivados del delito
El Juez penal no es competente para declarar la nulidad de acuerdos sociales que guarden relación con el delito, por lo que quién pretenda la nulidad de un acuerdo social o suspensión, debe ejercitar la acción civil en plazo, sin que la interposición de querella sirva para este fin o interrumpa los plazos.
Responsabilidad civil en caso de exención de la responsabilidad penal
El artículo 118 del Código Penal determina en que supuestos el autor del delito es inimputable, por tanto no es responsable penalmente pero si que lo puede ser civilmente: «1. La exención de la responsabilidad criminal declarada en los números 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 20, no comprende la de la responsabilidad civil, que se hará efectiva conforme a las reglas siguientes:
1. En los casos de los números 1 y 3, son también responsables por los hechos que ejecuten los declarados exentos de responsabilidad penal quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los imputables. Los Jueces o Tribunales graduarán de forma equitativa la medida en que deba responder con sus bienes cada uno de dichos sujetos.
2. Son igualmente responsables el ebrio y el intoxicado en el supuesto del número 2.
3. En el caso del número 5 serán responsables civiles directos las personas en cuyo favor se haya precavido el mal, en proporción al perjuicio que se les haya evitado, si fuera estimable o, en otro caso, en la que el Juez o Tribunal establezca según su prudente arbitrio. Cuando las cuotas de que deba responder el interesado no sean equitativamente asignables por el Juez o Tribunal, ni siquiera por aproximación, o cuando la responsabilidad se extienda a las Administraciones Públicas o a la mayor parte de una población y, en todo caso, siempre que el daño se haya causado con asentimiento de la autoridad o de sus agentes, se acordará, en su caso, la indemnización en la forma que establezcan las leyes y reglamentos especiales.
4. En el caso del número 6., responderán principalmente los que hayan causado el miedo, y en defecto de ellos, los que hayan ejecutado el hecho.
2. En el caso del artículo 14, serán responsables civiles los autores del hecho.»
Y el artículo 14 del Código Penal señala:» 1. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente.
2. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá su apreciación.
3. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.»
La responsabilidad civil subsidiaria
A los efectos del artículo 295 del Código Penal, nos interesa destacar en este apartado nos interesa destacar la responsabilidad por delitos o faltas cometidos por sus empleados, artículo 120. 4.º
Para el caso de responsabilidad del empresario por los delitos o faltas cometidos por sus empleados el artículo 120.4.º dice:» Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios.»
Para que se le pueda exigir a la sociedad el cumplimiento de la responsabilidad civil subsidiaria, siempre que el afectado sea un socio, cuentapartícipe o un tercero y no la propia sociedad, deben darse dos requisitos:


1.º) Que entre el infractor ( el administrador ) y el responsable civil subsidiario ( la sociedad ) exista un vinculo, relación jurídica o de hecho, en virtud de la cual el administrador se halla bajo la dependencia onerosa o gratuita, duradera o esporádica, de la sociedad o al menos su función se realice con el beneplácito del supuesto responsable civil subsidiario. Desde luego no tiene que existir intervención en el acto ilícito por parte de la sociedad, como señala la sentencia del Tribunal supremo de 21 de noviembre de 1991:» Basta que la actuación del culpable directo esté potencialmente sometida a la intervención del principal para que se estime nacida jurídicamente la responsabilidad civil subsidiaria, pues obviamente se parte de que este principal ni ha intervenido ni aprobado la actuación ilícita y, menos aún, ilícita penal de su dependiente pues, de ser así, se estaría en presencia de responsabilidades penales conjuntas y con toda obviedad no es el caso».


2.º) Que el delito cometido por el administrador que genera una y otra responsabilidad se halle inscrito dentro del ejercicio, normal o anormal de las funciones que tiene encomendadas, perteneciendo a su ámbito de actuación. La sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1996 dice que «la responsabilidad civil subsidiaria establecida en el art. 22 del Código Penal alcanza a todas aquellas personas y entidades de las que dependan los responsables criminalmente de actos delictivos cuando al cometerlos obren dentro de las funciones propias del servicio que a favor de aquéllas desempeñaren o les hubiesen encomendado, ya que tales mandantes son los obligados a cerciorarse de las condiciones de probidad de tales sujetos y, si no las reúnen, justamente deben responder civilmente de sus acciones u omisiones»
La extinción de la responsabilidad civil
El Código Penal de 1973 señalaba en el artículo 117 que « La responsabilidad civil nacida de delito o falta se extinguiría de igual modo que las demás obligaciones, con sujeción a las reglas del derecho civil». Pero el nuevo Código Penal de 1995, no dice nada sobre este tema, por lo que debemos entender una remisión tácita a las reglas del derecho civil, que son supletorias para todo aquello no regulado expresamente en el Código Penal”.